Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).– Hoy hace dos meses que Gustavo Maldonado, un ciberactivista de Anonymous, cumplió su primer noche en prisión. Según las acusaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en Chiapas es narcomenudista y el pasado 19 de agosto se le dictó auto de formal prisión.
Gustavo o @gumalo3105, como se le conoce en Twitter, era administrador de un cibercafé y estudiante universitario. Ahora, a pesar de que no existe un testimonio directo que lo incrimine, está en El Amate. El mismo penal donde estuvo recluido el profesor tzotzil Alberto Patishtán, quien luego fue trasladado al Cereso No. 5 en San Cristóbal.
En el Centro de Readaptación Social (CERESO) número 14, El Amate, ubicado en Cintalapa, Chiapas, se encuentra además la pareja de activistas integrada por Adela Gómez Martínez y Noé Hernández Caballero, detenidos supuestamente por su labor como activistas.
De acuerdo con el informe Defender los derechos humanos en México: el costo de la dignidad, los estados que más violaciones a derechos humanos registran son el Distrito Federal, Oaxaca y… justamente Chiapas.
El estudio realizado por Acción Urgente para la Defensa de los Derechos Humanos AC (ACUDDEH), el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada destaca que con estas acciones “el Estado busca controlar y aniquilar la lucha política, el derecho a defender los derechos humanos, el ejercicio del derecho humano a la protesta social y la propia defensa de los derechos humanos de la población”.
Hasta el año pasado Chiapas no figuraba entre las entidades con mayor número de violaciones a los derechos humanos en el país. Sin embargo, de enero a mayo de este año se contabilizaron 15 casos, lo que colocó al estado gobernado por el priista Manuel Velasco Coello en la segunda posición.
EL CIBERACTIVISTMO
Para el activista y defensor de derechos humanos, Jesús Robles Maloof la situación de Gustavo Maldonado López es un caso más de persecución política en Chiapas. El activista denunció que Gustavo se encuentra privado injustamente de su libertad debido a las denuncias que hacía a través de redes sociales contra el Presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova, y el Gobernador Manuel Velasco.
Antes de su detención el pasado 8 de agosto, Gustavo publicó un video en el que acusaba al Estado de represión contra activistas.
Minutos después, agentes de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada (FECDO) lo detuvieron por el delito de narcomenudeo con supuestamente “15 dosis de cocaína en polvo y cinco más en forma de piedra de las denominadas crack”.
De acuerdo con la PGJE, la detención se hizo gracias a una denuncia anónima que incriminaba a Maldonado López como vendedor de drogas en el Bar Toro Rojo. Sin embargo, la defensa del activista denunció irregularidades en el caso.
El padre de Gustavo dijo a SinEmbargo que en la denuncia se identifica a un hombre vendedor de drogas de baja estatura, tez morena y cabello lacio. “Mi hijo es todo lo contrario: ‘colocho’ (como le decimos aquí a su cabello chino), gordo, alto y de tez blanca”.
Desde El Amate, Gustavo continuó denunciado injusticias e irregularidades del gobierno en redes sociales.
Por su parte, con las etiquetas o hashtags #FreeGumalo y #FreeLegionChiapas organizaciones nacionales e internacionales se han movilizado para exigir que liberen a Maldonado López.
ADELA Y NOÉ
“El 15 de agosto, agentes de la policía federal y municipal procedieron a detener –sin presentar orden judicial alguna– a Adela Gómez Martínez, su compañero sentimental, Noé Hernández Caballero, y los hijos de ambos, Tania Itzel Rincón Gómez y Pavel Marx Hernández Gómez, en su domicilio familiar”, denunció Amnistía Internacional en un comunicado en el que exige la liberación y atención médica de la maestra Gómez Martínez.
La profesora fue detenida de forma violenta, junto con su familia, por los delitos de extorsión y motín y por los que se le dictó auto de formal prisión. Sus hijos fueron retenidos por varias horas, pero después fueron puestos en libertad sin embargo recibieron abusos por parte de elementos de seguridad.
Diversas organizaciones locales, estatales y nacionales a lo largo del territorio nacional, así como, activistas, académicas y defensores de derechos humanos manifestaron su consternación y rechazo por la detención de la maestra y denunciaron que su encarcelamiento podría ser un indicador de criminalización del movimiento social y particularmente construiría una señal negativa para que las mujeres puedan participar en la solución de sus demandas y exigencia de derechos.
También, mediante pronunciamientos, organizaciones piden que se le dé la atención médica que requiere por una grave enfermedad crónica que le afecta a los huesos y que le ha sido negada.
De acuerdo con AI, Adela y Noé son miembros de la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP), un organismo de activismo de base que el pasado 8 de agosto, junto con la organización política de base de Chiapas, convocaron a una manifestación, en la que cortaron un puente internacional, para exigir acciones al gobierno estatal.
La semana pasada, el Senador perredista Alejandro Encinas propuso un exhorto en la Cámara Alta para que el gobierno de Manuel Velasco Coello se desista de las acusaciones contra los activistas.
Asimismo, denunció que el caso se pueda tratar de una persecución política contra activistas sociales, dirigentes, líderes campesinos e indígenas en la entidad.
“Los profesores Adela Gómez Martínez y Noé Hernández Caballero son defensores de derechos de comunidades indígenas y campesinas y tienen un amplio trabajo social en el Estado de Chiapas, reconocido incluso internacionalmente”, afirmó.
EL PROFESOR PATISHTÁN
El caso del maestro Alberto Patishtán es conocido a nivel mundial. Y aunque no está documentado en este año, recientemente el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito con sede en Tuxtla Gutiérrez ratificó su condena de 60 años de prisión.
El 19 de junio del 2000, aproximadamente a las nueve y media de la mañana, el profesor indígena fue detenido cuando se dirigía a su trabajo por supuestamente haber participado en una emboscada que dejó siete policías muertos.
Ese año varias personas se organizaron para protegerse de una serie de homicidios ocurridos en la comunidad de El Bosque. Los cuerpos aparecían en las carreteras. Patishtán se acercó a las autoridades para trabajar sobre la seguridad; sin embargo, el entonces Gobernador de Chiapas, Roberto Albores Guillén, y el Presidente municipal, Manuel Gómez Ruíz, no hicieron nada. Luego, varios ciudadanos levantaron una denuncia contra los dos y buscaron crear un consejo y destituir al Alcalde.
Gómez Ruíz buscó calmar a la gente. Pero el 12 de junio de ese mismo año, ocurrió otra emboscada al mediodía en la tierra de Las Lagunas de Las Limas, en el municipio El Bosque. Hombres encapuchados dispararon más de 100 veces y como resultado dejaron a siete policías estatales muertos, incluidos Francisco Pérez Morales, jefe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), y el jefe la Policía Municipal de El Bosque, Alejandro Pérez Cruz.
Un elemento estatal sobrevivió en la emboscada, Belisario Gómez Pérez, así como el hijo del Presidente municipal, Rosemberg Gómez Pérez. De inmediato comenzaron a señalar a presuntos culpables, donde se mencionó al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), grupos paramilitares como habría ocurrido tres años antes en Chenalhó, Acteal, e incluso se dijo que había sido el Ejército Popular Revolucionario (EPR).
El profesor Alberto Patishtán fue detenido aunque no pertenecía al EZLN, ni al EPR o siquiera ejerciera alguna ideología política expresa.
Después de 30 días de arraigo el profesor Alberto Patishtán, fue trasladado al entonces Cereso No.1 de Cerro Hueco, en Tuxtla Gutiérrez. Allí se le dictó auto de formal prisión, a pesar de que nunca se le proporcionó a un intérprete traductor durante el proceso.
Los delitos que se le imputaron fueron: violación a la Ley Federal Contra Delincuencia Organizada, lesiones y homicidio calificado, robo, daños y portación de arma de uso exclusivo del Ejército, armada y fuerza aérea.
A pesar de las irregularidades en el caso y la movilización de organizaciones defensoras de derechos humanos, el Tribunal negó el recurso de inocencia que interpuso la defensa de Patishtán para su liberación.
Amnistía Internacional considera que el encarcelamiento del profesor es una muestra más de que en México las personas indígenas o pobres siguen sufriendo la negación de sus derechos humanos.
